Los matrimonios gay y el fantasma de la deportación

Un 80% de las parejas binacionales termina separándose o buscando otras alternativas. Uno espera que haya cambios en el futuro inmediato

Los Ángeles, EUA.- Erwin de León emigró a Estados Unidos en los años '90 y lleva 13 años en pareja con John Beddingfield, un estadounidense que se convirtió en su marido en 2010 tras pasar por un registro civil de Washington DC.

Aunque ha formado su hogar en este país, es probable que en diciembre de 2012 deba abandonarlo tan pronto venza su permiso de residencia.

"John me apoyaría en el proceso si la ley lo permitiera y a esta altura ya tendría mi permiso. Evaluamos la posibilidad de irnos, aunque eso implique separarnos de nuestras familias y que Estados Unidos pierda a dos profesionales que aman el país y podrían contribuir a su desarrollo", dice.

Su caso ilustra el limbo legal en el que se encuentran los matrimonios homosexuales binacionales. Hay 36 mil de ellos en territorio estadounidense, según estadísticas del Centro de Políticas Inmigratorias, muchos de los cuales han aprendido a convivir con el fantasma de la deportación.

Se trata, según los expertos, de un problema de equidad sobre el que distintos actores del arco político piden una respuesta a la administración del presidente Barack Obama.

"Incluso para aquellos que están casados o en relaciones legalmente inscritas desde hace años, no hay manera por la que el miembro estadounidense de la pareja pueda 'esponsorear' al extranjero (sea indocumentado o tenga una visa temporaria) para que este último consiga beneficios inmigratorios", señala Victoria Neilson, directora del grupo Immigration Equality, que lucha por la igualdad migratoria de personas lesbianas, gay, bisexuales o transexuales (LGBT).

"Los permisos de estadía o green cards que se solicitan para familias gay y lesbianas son por lo general denegados", asegura.

Aunque seis estados -Connecticut, Iowa, Massachusetts, Vermont, Nueva Hampshire, Nueva York- y el distrito de Columbia permiten los matrimonios del mismo sexo, estas uniones no pueden acceder a los mismos beneficios que sus pares heterosexuales en materia migratoria.

¿La razón? La Ley de Defensa del Matrimonio, conocida como DOMA por sus siglas en inglés, que se ha convertido en el centro de la disputa entre quienes abogan por la igualdad migratoria y quienes rechazan de plano el casamiento homosexual.

Definido por ley

Sancionada en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton, la DOMA define al matrimonio como "la unión legal entre un hombre y una mujer" y, en la práctica, establece que el gobierno federal no está obligado a dar validez a uniones conyugales entre personas del mismo sexo.

Para parejas gay binacionales, representa una verdadera barrera: como la ley migratoria estadounidense es de aplicación federal, debe regirse por la definición de matrimonio que establece DOMA.

Así, por caso, un ciudadano estadounidense o residente permanente no puede solicitar una green card para su cónyuge gay o, en el caso de que el extranjero de la pareja sea indocumentado, no puede apelar a los beneficios que se aplican a los matrimonios heterosexuales, donde las autoridades pueden aceptar contemplar los lazos familiares como factor mitigante a la hora de decidir un proceso de deportación.

Por eso, Erwin de León no sabe qué pasará cuando caduque su visa de estudiante.

"El final de mi doctorado es razón de alegría pero también de preocupación", señala este filipino, actualmente dedicado a completar su tesis en políticas públicas.

Ha corrido mejor suerte su madre, quien -por las paradojas del sistema- llegó al país después él, se casó con un estadounidense y consiguió la tarjeta de residente en seis meses probando el vínculo matrimonial.

"Es una inequidad tajante desde el punto de vista de los derechos humanos. Uno se acostumbra, pero no deja de causar angustia y muchísima bronca (enojo)", reclama Cristian, un argentino de 31 años que vive en California desde 2005 y pide reserva de su apellido.

Con su pareja, Sean -indocumentado y oriundo de Belice-, se plantean soluciones drásticas, como la de contraer matrimonio con mujeres que les allanen el camino migratorio.

"Un 80% de las parejas binacionales termina separándose o buscando otras alternativas. Uno espera que haya cambios en el futuro inmediato: hay esperanza porque el tema está instalado, pero que no se avance desde el punto legislativo es muy grave", señala.

Demandas

Los defensores de los derechos LGBT reclaman a Obama un cambio radical en este aspecto y lo cierto es que en los últimos años han visto señales alentadoras.

La DOMA ha sido declarada inconstitucional por varios jueces y, en febrero pasado, el gobierno anunció que ya no la defenderá en los casos ante la corte, aunque continuará velando por su aplicación hasta tanto la ley no sea repelida.

En este sentido, la senadora demócrata Dianne Feinstein presentó una propuesta para rechazar la actual regulación y redefinir el concepto de matrimonio, mediante la llamada Ley de Respeto por el Matrimonio.

Pero desde fuera del Congreso, grupos conservadores presionan para mantener el status quo.

"Las personas tienen derecho a vivir como quieran pero no tienen derecho a redefinir el matrimonio para todos los demás", señala la Organización Nacional por el Matrimonio, que se opone a que el estado federal avale los casamientos homosexuales.

Desde su website, lanzaron la campaña "Defiende DOMA", ante lo que consideran "un ataque del presidente, el Congreso y las cortes".

La cuestión no parece pronta a resolverse: aunque la propuesta de Feinstein y otros consiguió aval presidencial y alentó esperanzas en miles de migrantes y activistas, hasta el momento carece del apoyo necesario para ser aprobada por los legisladores