Londres, Inglaterra.- La historia de un indocumentado boliviano que supuestamente no pudo ser expulsado de Gran Bretaña en 2008 porque tenía un gato provocó una inesperada polémica entre los conservadores británicos en torno a la legislación sobre derechos humanos.En su discurso ante el congreso anual de su partido en Manchester (noroeste de Inglaterra), y para ilustrar su oposición a la Ley de Derechos Humanos británica vigente desde 2000, la Ministra del Interior Theresa May citó el caso de este boliviano, amenazado de expulsión años después de haber ingresado como estudiante en el país.
"El inmigrante ilegal no pudo ser deportado -no me lo estoy inventando- porque tenía un gato", dijo May, cuyo ministerio está encargado de cumplir la promesa gubernamental de llevar el saldo neto anual de inmigrantes extracomunitarios de 220 mil antes de su llegada al poder en mayo de 2010 a sólo "algunas decenas de miles" para 2015.
Su afirmación fue disputada minutos después desde la misma tribuna por el Ministro de Justicia, Kenneth Clarke, quien dijo dudar de la exactitud de la historia.
La prensa británica no tardó en bautizar la disputa entre ambos como el "Catgate".
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